El anuncio de la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), Isabel García Tejerina, de la posibilidad de un nuevo trasvase Tajo-Segura, «a partir del 1 de abril», una vez que la comisión técnica así lo autorice, tras evaluar la situación de los embalses, ha desatado el previsible enfrentamiento dialéctico entre las comunidades autónomas levantinas, receptoras del agua, y el Gobierno de Castilla-La Mancha.
Así, mientras los presidentes de la Región de Murcia y la Generalitat Valenciana, Fernando López Miras y Ximo Puig, expresaban su satisfacción pues desde mayo de 2017 el trasvase está cerrado y recalcaban que el nuevo envío se ajusta a la legalidad vigente al superarse los 400 hm3 de agua embalsada en la cabecera del Tajo, como establece el Memorándum, desde Castilla-La Mancha su consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, se opuso al envío e insistió en que la desalación es la solución para la falta de recursos hídricos estructural del Sureste español.
García Tejerina apuntaba la posibilidad de un trasvase en el programa ‘Hoy por hoy’, de la Cadena Ser, tras hacer hincapié en que subieron «las garantías para esta cuenca», por lo que «no se puede trasvasar si no hay al menos 400 hectómetros cúbicos» en los embalses de Entrepeñas y Buendía.
Por ello, ha apuntado, durante todo este tiempo (en referencia a los últimos meses de sequía) «no ha habido trasvase». Ha asegurado que la transferencia de agua se hará «con absoluta transparencia», conforme a una «reglas claras» establecidas para este trasvase.Ahora que 400 hectómetros quedarán en la cuenca, «habrá trasvase» de «lo que esté por encima y sólo por encima», si la comisión técnica (Comisión Central de Explotación del Trasvase Tajo-Segura -que se reúne a principio de cada mes-) así lo estima.
